¿Matar la memoria histórica?

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Pregonar, dar a conocer, o informar hasta el hartazgo a las nuevas generaciones sobre el devenir histórico de violencia, sufrimiento e injusticia al que se ha sometido al país, no es masoquismo, deseo de provocar acrimonia o incomodidad y mucho menos sedición, como cualquier vendepatria podría tildar, es simplemente prevenir a las personas jóvenes a evitar repetir la tragedia y la negación del respeto a la vida ocurrida en el país hace apenas unos cuantos años, no puede borrarse así de fácil el recuerdo del pasado reciente, es necesario despertar el espíritu de la dignidad y dejar atrás la insensatez de la indiferencia, el acomodamiento, el interés egoísta y el olvido conveniente.

Lo anterior está relacionado al peligro inminente al que está expuesto en la actualidad, el Archivo Histórico de la PNC, este archivo ubicado en la zona 6 capitalina, permaneció oculto por varios años y de forma accidental fue descubierto por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el año 2005. En su momento la Asociación Guatemalteca de Amigos de la UNESCO indicó que el Archivo Histórico de la antigua Policía Nacional, se encontraba en peligro, luego en el año 2009, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y Deportes, firmaron el convenio en el que se garantizaba la permanencia de la documentación mencionada, que es realmente voluminosa (entre  60 y 70 millones de documentos, acumulados en los últimos 116 años), cabe destacar que la mayor parte corresponde a los años más cruentos de la guerra interna que sufrió el país, y de ahí la importancia de su conservación.

Por otro lado y por su magnitud e importancia, el archivo es catalogado como un fondo  documental del Archivo General de Centro América del Ministerio de Cultura y Deportes y en él se guarda información sobre hechos violentos ocurridos en el país durante las últimas décadas y por la misma razón, son una fuente de información para esclarecerlos, sin embargo, por la incertidumbre actual se corre el riesgo de que los documentos en cuestión sufran algún tipo de deterioro, sean sustraídos e incluso destruidos intencionalmente por el carácter de la información que contiene.

Al respecto, informes de prensa de fecha 18 de agosto del presente año, indican que, si bien es cierto el PNUD a través de la UNESCO se hizo cargo del cuidado y digitalización de estos documentos, Naciones Unidas indicó que dejaría el Archivo Histórico en manos del Ministerio de Cultura y Deportes a partir del 1 de julio del presente año.

Ahora bien, existe el peligro latente de que el Ministerio de Gobernación insista en su deseo de hacerse cargo del mencionado archivo, de ser así, se correría  el peligro de su desaparición parcial o total, tomando en cuenta las acciones tomadas por el Ministro actual y siempre avaladas por el titular del Ejecutivo, quienes obviando la opinión y criterios técnicos de especialistas, han tomado decisiones equivocadas y perjudiciales para el pueblo en general. Demás está insistir que el gobierno actual ha manifestado especial interés en promover la cultura del olvido, de esa suerte, hace un par de años se insistió en la necesidad de eliminar del pensum de estudios del MINEDUC, la asignatura de Estudios Sociales y evitar de esta manera que las generaciones jóvenes ignoren la persecución a la que han sido sometidos los ciudadanos que con valentía han señalado las deficiencias del Estado así como la violencia sistemática que los distintos gobiernos han implementado para callar las voces de los ciudadanos dignos.

La importancia de este archivo radica en que, en él se guardan documentos que eventualmente pueden ser utilizados como pruebas concluyentes para conocer casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos cometidos tanto por las fuerzas armadas castrenses, como por la misma policía Nacional, en el marco de los treinta y seis años de conflicto armado al que fue sometido el país en los últimos cuatro decenios del siglo pasado.

Documentos de la época registran el modus operandi de la Policía Nacional, se detalla la forma de control sobre las personas consideradas subversivas o peligrosas para el Estado; dos casos emblemáticos como la persecución y espionaje en contra de Manuel Colom Argueta y Oliverio Castañeda, quienes fueron perseguidos por el Cuerpo de Detectives, en el caso de Colom Argueta, un informe fechado el 15 de octubre de 1957 da cuenta de la vigilancia secreta que se ejercía sobre todas sus actividades, en 1955 Colom Argueta se opuso al plebiscito que pretendía reafirmar en la presidencia al Coronel Carlos Castillo Armas, quien había sido impuesto a sangre y fuego por el imperio Yanqui.

Fue alcalde de la ciudad capital entre 1970 y 1974, su carisma político era indiscutible, así como su tendencia  ideológica de izquierda, razón por la que fue perseguido por 22 años, hasta su eliminación física (asesinato) ocurrida el 22 de marzo de 1979, fecha en que los asesinos utilizaron un helicóptero para literalmente “cazarlo”, Colom recibió 45 impactos de bala.

En el caso de Oliverio Castañeda, que era un líder estudiantil, fue perseguido y tildado de agitador, fue asesinado el 20 de octubre de 1978, año en el que Pedro García Arredondo era el encargado del tristemente célebre comando seis de la PN. Documentos sin remitente de fecha 7 de noviembre de ese año indica que el autor material del asesinato fue el coronel de policía Juan Antonio López Lima. Otro caso registrado es  la quema de la sede de la embajada de España en nuestro país, ocurrida el 31 de enero de 1980, ese día las fuerzas de seguridad incendiaron la sede diplomática con lanzallamas y luego impidieron el ingreso de los bomberos para apagar el incendio, en el acto murieron 37 personas incluyendo  el Vicepresidente de la República Eduardo Cáceres Lenhoff.

Miles de casos como los anteriores, están registrados y olvidados en estos archivos, que sumados los de la extinta policía Nacional y la nueva Policía Nacional Civil, hacen más de ochenta millones de folios, en los que se registran las torturas a las que fueron sometidas las personas sospechosas,  desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales con fines represivos, sustracción de niños, etc., se registra además las formas de control sobre la población, sobre los líderes así como organizaciones sociales, religiosas, o guerrilleras.

En síntesis, la preservación y rescate del archivo de la policía nacional representa una gran oportunidad para la misma preservación y rescate de la memoria histórica del país, para conocer la verdad, para desenmascarar a los responsables, para condenarlos y consecuentemente redignificar al pueblo, así como buscar el camino para que NUNCA MÁS se repita la violencia que ha sufrido la población guatemalteca, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado.

Eduardo Tuyuc Curruchiche

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