Bruselas inicia una investigación contra Meta por los «efectos negativos» de sus redes en la salud de los menores | Tecnología

La Comisión Europea ha iniciado hoy un procedimiento formal para evaluar si Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger adecuadamente a los usuarios menores de edad. En concreto, Bruselas teme que los algoritmos de las redes sociales estrella de Meta «puedan estimular adicciones conductuales en los niños, así como los llamados efectos ‘madriguera del conejo'», es decir, validar como reales las mentiras y bulos que circulan en sus redes.

“No estamos seguros de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la DSA relativas a la mitigación de los efectos negativos sobre la salud física y mental de los jóvenes europeos”, dijo hoy a la cadena X Thierry, Comisario Europeo para el Mercado Interior. La compañía respondió en un comunicado que su intención es que los jóvenes tengan experiencias en línea seguras y apropiadas para su edad. “Hemos pasado una década desarrollando más de 50 herramientas y políticas diseñadas para protegerlos. Este es un desafío para todo el sector y esperamos compartir los detalles de nuestro trabajo con la Comisión Europea».

La apertura del procedimiento se produce luego de haber concluido el análisis preliminar del informe de evaluación de riesgos enviado por Meta en septiembre de 2023, según lo requerido por la DSA, y las respuestas brindadas por la empresa respecto de las solicitudes formales de información a la Comisión sobre la protección. de menores y la metodología de evaluación de riesgos.

Bruselas sospecha que el propio diseño de Facebook e Instagram podría «explotar las debilidades y la inexperiencia de los menores y provocar comportamientos adictivos». La Comisión también quiere garantizar que Meta disponga de herramientas adecuadas para la verificación de la edad. Sus investigaciones iniciales establecen que “no podrían haber sido razonables, proporcionadas y efectivas”.

En tercer lugar, las autoridades europeas quieren verificar que las metaplataformas garanticen un alto nivel de privacidad, seguridad y protección infantil.

El posible daño que las plataformas causan a la salud mental de los menores es el principal quebradero de cabeza al que se enfrentan los directivos de la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Lo que hasta 2021 era sólo una sensación generalizada entre los padres de usuarios jóvenes ha ganado peso tras las revelaciones de Frances Haugen, exempleada de Facebook, que filtró miles de documentos que demostraban que los responsables de Instagram eran conscientes de los efectos nocivos de las redes sociales entre los menores.

En Estados Unidos, Meta se enfrenta a una cascada de demandas de familias afectadas y quejas de fiscales generales en 41 estados, alegando que Facebook e Instagram están “aprovechando el dolor de los niños” para ganar dinero. El resultado de este tsunami de demandas podría provocar un cambio radical en la apariencia y dinámica de las redes sociales.

La segunda investigación en un mes

La Comisión investigará exhaustivamente el cumplimiento o incumplimiento por parte de Meta de estas disposiciones de la DSA. La empresa fue incluida en abril de 2023 entre las grandes plataformas bajo la jurisdicción de la DSA (aquellas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE).

El procedimiento anunciado hoy se suma al abierto el 30 de abril por falta de control de contenidos políticos antes de las elecciones europeas y «publicidad engañosa». Bruselas lleva meses advirtiendo a las grandes plataformas que extremen las precauciones para que las elecciones de junio no se conviertan en terreno fértil para la desinformación y la injerencia extranjera.

“La Comisión sospecha que Meta no cumple con las obligaciones del Reglamento sobre la lucha contra la difusión de publicidad engañosa, campañas de desinformación y comportamientos no auténticos coordinados en la UE. La proliferación de dichos contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores”, afirmó el Ejecutivo europeo en un comunicado oficial.

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