En un mundo retrofuturista de IA asesinas y algoritmos que achican la realidad hasta plastificarla y dejarla de mal gusto, el juez Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, nos toma del cuello y nos vuelve a confundir en el viejo debate sobre si la protección de la propiedad intelectual está por encima de cualquier otro bien o derecho digno de protección.
No creía que en la era de los contenidos sintéticos, de los canales de pedófilos, terroristas, bichos raros y otros locos, radicales islámicos o católicos, nacionalistas, negacionistas o terraplanistas; En tiempos de debate sobre cómo evitar que los menores accedan al porno a partir de los ocho años, cerrar un servicio de comunicación a nivel nacional como Telegram sería una violación de la propiedad intelectual.
No me malinterpretéis: a los creadores hay que pagarles por sus contenidos, independientemente de si sería bueno abrir el debate sobre la concentración de los derechos económicos del trabajo de muchos en manos de unos pocos. Pero incluso esto tiene un sabor rancio. El cierre de Telegram en España, basándose en una reclamación de propiedad intelectual, cuando es inimaginable que esto sucediera por cualquier otra violación, demuestra que en nuestro sistema el daño material sigue teniendo más peso que el daño personal o psicológico.
Si entendemos que nuestro derecho nació como un sistema de defensa de la propiedad privada, de organización de las relaciones económicas (incluido el matrimonio) y para gestionar la transferencia de la violencia individual a favor de la violencia estatal, comenzamos a comprender cómo funciona nuestra justicia. La dignidad humana y los derechos fundamentales, incluso si hundieron los pies en la arcilla durante la Revolución Francesa, son una modernidad en la que empezamos a creer después de la Segunda Guerra Mundial. Pero siguen siendo la hermana menor de la protección jurídica y en su universalidad traen consigo la penitencia. Si alguien afirma que la Tierra es plana o que las vacunas tienen un chip que conecta tu corteza prefrontal con Bill Gates, nadie eliminará ese contenido (ni, por supuesto, bloqueará todo el servicio). Porque la libertad de expresión permite que incluso las personas que no están de acuerdo con los hechos se expresen y voten por otras personas que creen que existen verdades alternativas con las que gobernar el mundo.
Si alguien piensa que es malo que lo vean niños de ocho años bukakes Bastante Dora la exploradora, Alguien vendrá y te pondrá objeciones técnicas o legales (libertad de expresión, legalidad del porno) o te dirá algo sobre las puertas y el tono que tanto me exaspera. El resultado será que todo lo que es posible en la protección de la propiedad intelectual, desde los sistemas automáticos de detección y eliminación de contenidos protegidos hasta el cierre de todo un sistema de comunicaciones, no es posible cuando se intenta proteger otro interés que, en mi opinión, él es más digno de ello.
Además, nadie respondió a la pregunta de quién pagará a Telegram, que acaba de recaudar 330 millones de dólares en inversiones, por el daño reputacional y operativo causado a ella y a sus clientes por una orden manifiestamente desproporcionada que pretende cerrar un canal derribando todo el servicio. Nadie nos ha explicado siquiera cómo un juez español puede tener éxito en una empresa en la que el propio Putin ha fracasado. El 13 de abril de 2018, el Tribunal de Distrito de Tagansky (Moscú) ordenó, basándose en la ley Yarovaya (que exigía la conservación de las comunicaciones y sus claves de cifrado), restringir el acceso a Telegram en territorio ruso. El bloqueo provocó interrupciones en el funcionamiento de muchos servicios de terceros, pero prácticamente no afectó la disponibilidad de Telegram en Rusia, que se desbloqueó oficialmente el 19 de junio de 2020.
La operación implicó negar el acceso a más de 19 millones de direcciones IP asociadas con el servicio, muchas de las cuales provenían de Amazon Web Services y Google Cloud Platform, que utiliza Telegram como interfaz. No parece que la tarea que ahora afronta la Audiencia Nacional vaya a ser más fácil, ni que el resultado negativo vaya a ser diferente. En el camino nos encontraremos reflexionando sobre lo que nosotros, como sociedad, realmente queremos proteger y una ola de usuarios infectados por troyanos que intentan eludir la prohibición instalando VPN infectadas. Nada mal para un viernes de penas.
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